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El BOE publica la anulación del permiso SAR exigido a los barcos de rescate privados
El BOE publica este 9 de noviembre la sentencia del Supremo que anula la exigencia de permiso del Estado de la región SAR para despachar barcos de rescate privados con bandera española.
El Boletín Oficial del Estado publica este lunes, 9 de noviembre de 2026, el fallo del Tribunal Supremo que anula la letra b) del artículo 10 del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, aprobado por el Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo. Esa norma obligaba a los barcos privados de salvamento con bandera española a presentar un permiso de las autoridades de la región de búsqueda y salvamento (SAR) de destino para obtener el despacho cuando iban a navegar fuera de aguas españolas.
La sentencia, de la Sección Tercera de la Sala Tercera, está fechada el 8 de septiembre de 2026 y se conoció a finales de ese mes. Su inserción en el BOE núm. 279 (BOE-A-2026-23386), en la sección de disposiciones generales, cumple la orden de publicación que incluye el propio fallo.
Qué decía el precepto anulado
El artículo 10 regula el despacho de los buques y embarcaciones de titularidad privada abanderados en España que se dedican a la búsqueda y salvamento marítimo. Estos barcos necesitan una autorización expresa del director general de la Marina Mercante, con tres reglas.
La letra a) exige la documentación de despacho prevista en el artículo 11. La letra c) mantiene las condiciones autorizadas en las navegaciones posteriores, siempre sujetas a la normativa internacional de salvamento. La letra b), ahora eliminada, añadía un requisito: si el despacho era para salir de los espacios marítimos españoles, había que adjuntar la autorización expresa de las autoridades responsables de las regiones SAR a las que se dirigía el buque.
Un recurso de Open Arms
El recurso, con el número 614/2023, lo interpuso la Fundación Proa, la entidad que gestiona los barcos de Proactiva Open Arms. El Supremo lo estima, declara la nulidad de pleno derecho de la letra b) e impone las costas a la Administración, con un límite de 4.000 euros, según informaron Iustel y Moncloa.com cuando se difundió la resolución.
El tribunal entiende que el requisito choca con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, ratificada por España, y vulnera por ello el principio de jerarquía normativa. La asignación de una región SAR a un Estado, razona la Sala, le atribuye responsabilidades de organización y coordinación del rescate, pero no soberanía sobre esas aguas ni jurisdicción sobre buques extranjeros.
La decisión no fue unánime. El presidente de la Sección, José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, firmó un voto particular al que se sumaron José Luis Gil Ibáñez y Juan Pedro Quintana Carretero. A su juicio, la Sala debió plantear antes a las partes el argumento en el que basa la nulidad, y el precepto podía interpretarse de forma compatible con el derecho internacional y europeo sin anularlo.
Efectos desde hoy
La publicación tiene consecuencias prácticas. Según el artículo 72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las sentencias firmes que anulan una disposición general producen efectos generales desde el día en que su fallo se publica en el mismo diario oficial que la norma anulada. Con la publicación de este lunes, por tanto, deja de poder exigirse ese permiso de las autoridades de la región SAR de destino para despachar un buque de rescate privado con bandera española.
El resto del artículo 10 sigue en vigor. Estos barcos continúan necesitando una autorización expresa de la Dirección General de la Marina Mercante y deben cumplir la normativa internacional de búsqueda y salvamento en cada salida.
El reglamento de 2023 desarrolla aspectos de la Ley 14/2014 de Navegación Marítima, como el despacho de buques y las autorizaciones expresas que también afectan a la náutica de recreo, por ejemplo el cambio temporal de uso privado a comercial. La sentencia solo afecta a la letra b) del artículo 10, dedicada a los buques privados de búsqueda y salvamento.
Fuentes: BOE-A-2026-23386; Real Decreto 186/2023 (texto consolidado, BOE); Iustel / Diario del Derecho; Moncloa.com; Ley 29/1998, art. 72.